El documento de identidad electrónico para los españoles estará en la calle finalmente en febrero de 2006, por medio de un proyecto piloto que se pondrá en marcha en una ciudad de tamaño medio sin concretar por parte del Gobierno, si bien su completa implantación en España no se logrará hasta el final de la presente legislatura.
El proyecto, que nació en el año 2000 y tenía previsto su arranque en el ejercicio de 2004, sufrió varios retrasos por no ser acompañado de dotación presupuestaria. En una rueda de prensa celebrada en Madrid, el Gobierno ha anunciado por primera vez la asignación de 23,1 millones de euros entre las anualidades de 2005 y 2006 para desarrollar el proyecto, en colaboración con los Ministerios de Interior y de Industria.
Los nuevos documentos estarán compuestos de un soporte físico en forma de tarjeta, similar a las actuales de crédito y fabricada en policarbonato, y de un soporte electrónico, que consiste en un chip que contendrá la información relativa a la identidad del ciudadano y su firma electrónica, así como datos biométricos, es decir, la huella dactilar y una imagen del rostro de su titular.
La modernización del actual DNI aspira a lograr, según el Gobierno, dos objetivos principales. El primero es agilizar los trámites administrativos con el Estado, lo que transformará totalmente a la Administración según José Montilla, titular de Industria, “para que todos los procedimientos administrativos puedan realizarse a través de Internet”. La segunda pretensión principal es mejorar la seguridad de la Red para impulsar el comercio electrónico y las transacciones online, gracias a la firma electrónica, que según el Ejecutivo es un mecanismo seguro de identificación telemática.
Para José Antonio Alonso, titular de Interior, el nuevo DNI va a aportar “más seguridad, más rapidez y más comodidad” a los ciudadanos, e insistió en que la seguridad de las nuevas tecnologías es “extremadamente alta frente a las falsificaciones y va a aumentar la capacidad de identificación de las personas en Europa, algo que a todos nos preocupa mucho”. Por su parte, Montilla insistió en que la administración electrónica constituye uno de los pilares para la modernización del Estado.
Ésta es la primera vez que los Presupuestos Generales del Estado reservaban un capítulo para el nuevo DNI, que hasta 2008 prevé un gasto total de más de 149 millones de euros. La partida aprobada, al margen de ese monto, se destinará a la compra de equipos de captura e impresión, la adaptación de los locales, la asistencia técnica y nuevos equipamientos informáticos.
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