Los servicios en los que se comparte cada vez están más extendidos, y no hablamos de archivos, sino de compartir bienes y servicios físicos. El conflicto surge cuando en lugar de compartir lo que se hace es tener prácticamente una actividad profesional, pero sin seguir los mismos pasos fiscales y burocráticos que tienes que hacer los que trabajan en el sector.
Este conflicto entre aquellos que quieren usar sus coches, casas u otras posesiones como quieran y aquellos como los taxistas, hoteles y otros profesionales, genera tensiones importantes. Ya hemos visto el caso de Uber en España y en otros muchos lugares, prohibida cautelarmente, mientras que por su parte Airbnb está en el punto de mira por su servicio de alquiler de viviendas como si fueran hoteles.
Alquilar un apartamento o una habitación unos días es algo muy natural, pero con la aparición de empresas que gestionan todo esto y lo convierten en un negocio que poco tiene que envidiarle a un hotel, nos encontramos con un problema en el que tanto dueños de negocios como vecinos se quejan por el mercantilismo generado en algo que no debería ser un negocio en sí mismo.
Ya vimos como Airbnb ha superado la situación en San Francisco empezando a recaudar impuestos a aquellos que ofrezcan sus casas, mientras que en Ámsterdam podríamos ver algo parecido en 2015. La empresa no sólo recaudará impuestos para el gobierno de la ciudad, sino que además mandará notificaciones a los usuarios sobre las normas y leyes de alquiler. Normas y términos que los usuarios tendrán que aceptar para usar Airbnb en la ciudad.
Estas ciudades podrían marcar algo que podría extenderse a otras muchas y que podría llevar también incluso a que se creen acuerdos no sólo para ciudades aisladas, sino a nivel estatal.
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