Nuevo capítulo en la lucha de las tech contra las autoridades por la privacidad de sus usuarios. Al controvertido caso de Apple contra el FBI, en el que los de Cupertino se negaron a desbloquear el iPhone del terrorista de San Bernardino, se le suma ahora la pelea entre Amazon y un grupo de fiscales de Arkansas, que investigan un posible caso de asesinato.
El suceso ocurría en noviembre de 2015, cuando Victor Collins era encontrado muerto en casa de un amigo suyo y principal sospechoso de la acusación, James Andrew Bates. Las autoridades quieren que la compañía con base en Seattle les suministre posibles grabaciones realizadas por el dispositivo Amazon Echo que el acusado tenía en su hogar para probar que se encontraba en el lugar del crimen.
Amazon sostiene que las autoridades no han aún establecido la necesidad de que la compañía viole los derechos constitucionales de sus clientes, y que deben demostrar que el acceso a los registros es la única vía para conseguir la información de si el acusado estaba en su hogar en el momento del asesinato.
En el formulario de respuesta, remitido este mismo viernes y al que ha tenido acceso Associated Press, Amazon solicita que la corte revise las grabaciones antes de entregarlas a la acusación. Citando el documento, la compañía explica que, “teniendo en cuenta las importantes implicaciones de la Primera Enmienda y la privacidad en juego, la orden debe ser anulada, a menos que el Tribunal considere que el Estado ha cumplido con su elevada carga para la producción obligada de tales materiales”.
Aunque la compañía ya había comentado el caso previamente, se trata de la primera medida legal que toma para evitar entregar los contenidos.
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