El canon sobre los soportes digitales de grabación se fija en función de una tarifa fija, lo que hace que muchas veces sea mayor en cuantía que el precio del producto que grava. La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) ha propuesto que este pago para los autores establecido en la nueva Ley de Propiedad Intelectual, sea como “un IVA”, es decir, un porcentaje del precio del producto.
Así, José Pérez, director general de ASIMELEC, defiende que los soportes digitales que tengan dispositivos que permitan la “gestión de derechos digitales”, es decir, que sólo permitan el almacenaje de contenidos pagados previamente, deberían estar gravados con “canon cero”.
La Ley aprobada el pasado 22 de junio en el Parlamento establece unos “criterios” para el establecimiento del canon por copia privada en los soportes digitales, obligando a que se abra un proceso de negociación entre las entidades de gestión y el sector empresarial para que acuerden qué soportes están sujetos al canon y su importe. Las partes comunicarán sus acuerdos a los Ministerios de Industria y al de Cultura, que deberán dictar una orden ministerial conjunta con el listado y los importes definitivos, un sistema de “arbitraje y negociación tutelada” que ASIMELEC ve positivo.
“Va a ser muy difícil el acuerdo con los autores”, ha reconocido Pérez, que confía en que, siguiendo los criterios que establece la nueva ley -que exige “proporcionalidad” entre el canon y el precio del producto-, se pagarán “cantidades más bajas respecto de lo que hoy se paga”. “Hablar de un porcentaje respecto del precio y no de tarifas fijas es una fórmula para solventar problemas y que el canon tenga el menor impacto en el mercado. Así, el canon iría madurando con el producto -ya que los soportes van reduciendo sus costes de producción- y no se distorsiona el mercado”.
ASIMELEC ha anunciado que va a realizar estudios para analizar el verdadero impacto económico de la copia privada en la venta de música o cine de cara al proceso de negociación con las entidades de gestión y para “fundamentar nuestros argumentos”, pues “sospechamos que se pretende que todo producto con capacidad para grabar, ya sea usado o no para ello, pague el canon”. Su objetivo es “separar el mundo profesional” del mundo privado, pues, según la redacción de la ley, “las personas jurídicas -pymes o Administración- no hacen copia privada”, añade Pérez.
Respecto de los MP3, Pérez ha recordado que su postura es la misma que con los CD y DVD: “cuando un juez o una orden ministerial lo establezca pagaremos el canon, pero no por el criterio de una entidad de gestión”, en relación al litigio que mantiene la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que considera que este tipo de soporte digital debe ser grabado con el canon.
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