El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha remitido al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda un dictamen en el que apunta que la compra de Iberbanda por Telefónica de España puede obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de acceso a Internet de banda ancha, así como en otros mercados afectados del sector de las telecomunicaciones. Por ello ha recomendado a Pedro Solbes que prohíba la operación.
Este organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda señala que de realizarse, la operación ayudaría a reforzar la posición de dominio de Telefónica de España, de la que considera que tiene “grandes incentivos para obstaculizar el acceso de sus competidores a los diversos mercados”. La compra, según el TDC, supondría la adquisición de la cartera de clientes del negocio urbano de Iberbanda, en el que la cuota de mercado de Telefónica de España es especialmente elevada.
Además, el dictamen advierte de que la compra de la operadora Iberbanda permitiría a Telefónica tomar el control de una de las tres compañías independientes que en el año 2000 obtuvieron licencias de acceso por ondas de radio (una tecnología conocida como LMDS), en un concurso en el que precisamente se excluyó a Telefónica de España.
El Tribunal asegura que el dominio por parte del operador de referencia de la red terrestre y aérea “haría muy difícil la competencia para el resto de los operadores, poniendo en riesgo la expansión y desarrollo de la tecnología WiMax y, por ende, los beneficios de la competencia entre tecnologías independientes”. El TDC explica que el mercado de referencia presenta elevadas barreras a la entrada, puesto que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y sólo es posible acceder al mismo para operar con redes LMDS mediante concesión administrativa. Además, la banda de radiofrecuencias que Telefónica de España controlaría en caso de adquirir Iberbanda es precisamente una de las más demandadas por los operadores, advierte el TDC.
El dictamen elevado al Gobierno no es vinculante, aunque fuentes ministeriales explicaron que el Ejecutivo tendría que argumentar la toma de una decisión contraria a la recomendación del TDC.
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