La puesta en marcha de la Sociedad de la Información en España se enfrenta, lejos de panorámicas optimistas, a escollos de diferente consideración. Así, si a la baja implantación de las Nuevas Tecnologías que se observa en nuestro país con respecto a los vecinos europeos se le añade la escasa proporción en cuanto a número de ordenadores que corresponde por habitante, el resultado no es muy prometedor.
Pese a todos los esfuerzos procedentes tanto de esferas públicas como privadas, insuficientes como se puede comprobar, la brecha digital abierta en esta “piel de toro” se define cada vez como más escalofriante si nos atrevemos a estudiar las cifras cibernéticas ofrecidas por los países nórdicos, por poner un ejemplo.
Las medidas paliativas que podrían aplicarse al tema en cuestión son de tipo muy variado. Algunas de ellas, tales como la liberalización de los precios del ADSL, perfilar los derechos y la protección de los usuarios, o favorecer los servicios telemáticos, son dinámicas de peso, por supuesto, pero que sin los mecanismos de impulso y fomento adecuados, se quedan precisamente en lo dicho: en dinámicas fluctuantes que van y vienen.
De ahí que la creación de infraestructuras punta y, sobre todo, la formación de fondos públicos que suavicen y, en cualquier caso, faciliten con total garantía la compra de equipos TI y el acceso a las tecnologías últimas, delimitan los cimientos de una estrategia a la que tenemos que enfrentarnos y solucionar.
Si queremos realizar el sueño de muchos, por no decir el sueño de todos, el de la convergencia con Europa, las iniciativas que abonen el terreno, ya sea apuntalando la seguridad informática, la educación online o los servicios que día a día nos ofrecen las operadoras, conforman la única vía posible para instaurar la era interactiva, con todos sus avances y ventajas, en un país que como no se agilicen sus niveles de conciencia y responsabilidad, se queda en puertas.
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