Condenado a dos años de cárcel un cracker español
La sentencia impone a Francisco Javier T.R. la mayor condena dictada hasta ahora en España por apropiación de página Web dedicada a Eurovisión.
Un Juzgado de Tarrassa (Barcelona) ha condenado a dos años de prisión, por un delito de descubrimiento de secreto de empresas, a un “cracker” que se apoderó de una página Web especializada en el Festival de Eurovisión y que a los internautas que accedían a la misma les pedía aportaciones voluntarias de dinero.
En su fallo, el Juzgado Penal número 1 de Tarrassa condena al “cracker”, que fue detenido en mayo de 2002, a dos años de cárcel y al pago de una multa de 2.280 euros por un delito de descubrimiento de secreto de empresas y una falta de daños, pero le absuelve de los delitos de estafa y coacciones que solicitaba la acusación particular, ejercida por el propietario de la Web, Daniel Aragay.
Según cree probado el juez, el condenado, propietario de una tienda de informática de Sabadell (Barcelona) y que había sido empleado de la víctima durante cuatro meses, se dirigió al proveedor de acceso de Internet de Terra haciéndose pasar por Daniel Aragay y solicitó nuevas claves para controlar el acceso a la página Web propiedad de la víctima, “eurofestival.net”.
El procesado pidió a Terra que le enviara las nuevas claves a la dirección de su tienda de informática y logró que Correos le entregara las cartas, pese a que iban a nombre de la víctima, porque conocía al cartero que repartía en la zona y lo convenció de que Daniel Aragay era cliente suyo y podía recoger documentos en su nombre.
Tras conseguir las claves de acceso, Francisco Javier T.R. bloqueó el acceso público a la Web de Eurovisión propiedad de Daniel Aragay y logró cambiar el dominio de dicha página, hasta el punto de que llegó a negociar ese espacio en Internet con otro servidor.
Posteriormente, sustituyó la página de inicio de la Web de Eurovisión por otra en la que, sobre un fondo blanco, se indicaba que el portal estaba desactivado por problemas económicos y, para volver a ponerla en marcha, se pedían aportaciones voluntarias a los “fans” del festival indicando un número de cuenta bancaria. La titularidad de dicha cuenta bancaria correspondía a otra empresa de transporte de mercancías por carretera de la que el acusado había sido apoderado.
Con todo, ningún internauta llegó a hacer una aportación económica a esa cuenta corriente, en la que se ingresaron únicamente 20 céntimos de euro que la misma Policía depositó con el propósito de investigar el delito informático.