El régimen cubano, que de forma recurrente define a Internet “la gran enfermedad del siglo XXI”, ha decidido reducir costes implantando en los ordenadores de la administración central software libre, en detrimento de Windows. La noticia trascendió durante una conferencia del director de la Oficina para la Informatización de la Sociedad, Roberto del Puerto, ofrecida durante la Convención Internacional Informática 2005, según ha señalado el periódico oficial del castrismo “Juventud Rebelde”.
En Cuba hay actualmente más de 1.500 usuarios de Linux y varias provincias del país disponen ya de su propia distribución del sistema desarrollado por el finlandés Linus Torvalds. De este modo, la Oficina para la Informatización ha diseñado una estrategia que comprende acciones de organización, técnicas, diseño de un marco legal, así como la capacitación y el cambio paulatino del sistema operativo Windows a Linux.
Según explica la fuente, el reemplazo será dirigido por un Grupo Nacional, que integran la propia Oficina para la Informatización de la Sociedad, los ministerios de Justicia, Interior, de Informática y las Comunicaciones, y la Red Telemática de Salud (Infomed). Ese grupo rector también lo integrarán el Instituto Superior Politécnico de “José Antonio Echeverría” de La Habana y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), que tiene en sus aulas más de 6.000 estudiantes y ha destinado una de sus facultades al desarrollo de los programas de Linux.
A pesar de la decisión de migrar todos los ordenadores de la administración central a Linux, el régimen castrista aplica con mano de hierro la censura en Internet, tanto en cuestión de acceso como en publicación de contenidos. Un informe de Reporteros Sin Fronteras publicado en noviembre remarcaba que Castro viola con mucha más asiduidad la libertad de expresión en Internet que China, aunque mucho menos que Arabia Saudí. Para realizar la comparativa se fijaron 10 cuestiones, en las que Cuba obtiene cuatro veces la categoría “peor” frente a las tres de China, con quien compartía tres “ex aequo”.
Así, por ejemplo, el acceso a los cibercafés en Cuba está prohibido a casi toda la población, a lo que se añade que los pocos a los que está permitido el acceso deben pagar un coste prohibitivo: una hora de conexión asciende al 50 por ciento de un salario medio.
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