De poco parecen haber servido las numerosas quejas de los colectivos de internautas tras el paso de la Ley de Economía Sostenible por el Congreso en marzo y las enmiendas presentadas en septiembre por los diferentes grupos. Hoy comenzaría el proceso para aprobar este conjunto de medidas, incluyendo su disposición final segunda, la conocida popularmente como “Ley Sinde”, que permitirá el cierre de páginas web que alojen contenidos que violen la propiedad intelectual por orden judicial.
Para sacar adelante la ley el Gobierno se servirá del procedimiento de “aprobación con competencia legislativa plena”, utilizado para validar asuntos secundarios y aliviar carga al Congreso. Este proceso se inicia con la aprobación del proyecto de ley por una Comisión específica –en este caso la de Economía-, que previsiblemente se dará hoy, y a continuación pasaría al Senado directamente sin ser sometido a debate en el Pleno.
Esto supondría una aceleración del proceso de tramitación habitual a la que sólo se están oponiendo fervientemente algunos partidos políticos como la coalición IU-ICV, quien ha pedido a través de un escrito que el proyecto pase por el Congreso para que se someta al escrutinio de los diputados.
Por su parte, la Red está más caliente que nunca. Las páginas de descargas echaron el cierre durante 12 horas. El grupo de hacktivistas Anonymous, para protestar por estos trámites, atacó ayer las páginas de los partidos políticos que estarían a favor de la aprobación: PSOE, PP, PNV y CIU. No obstante, populares y nacionalistas vascos podrían descolgarse a última hora. Mientras tanto, las redes sociales han servido para difundir una convocatoria que llevaría a muchos usuarios a protestar en “la puerta de atrás” del Congreso, poniendo de manifiesto el carácter subrepticio de todo el proceso.
En los últimos días se ha conocido a través de algunos cables revelados por Wikileaks, que el Gobierno español habría recibido presiones de Estados Unidos para aprobar estas medidas y así frenar el preocupante índice de piratería. La relación sería bidireccional, porque el PSOE habría solicitado su ayuda al Gobierno norteamericano para que presione a los otros partidos para sacar adelante el proyecto, según recoge RTVE.
El País acaba de publicar un documento en el que se recoge una reunión en febrero entre González-Sinde y el número “dos” de la embajada de Estados Unidos, Alan D. Solomont, en la que se trataron diferentes aspectos culturales, entre ellos la propiedad intelectual. La Ministra de Cultura afirmó al diplomático que “el Gobierno no ha prometido moverse agresivamente contra los usuarios individuales como Francia y Reino Unido, pero su iniciativa ha resultado controvertida”, según reza el documento.
Por otro lado, Sinde confiesa en el escrito que hay muchos políticos que tienen poca información o conocimiento de la cuestión e incluso aquellos que reconocen el daño de la piratería en Internet “no han sido de mucha ayuda”. Asimismo, la ministra señalaba entonces que se trataba de demandas populistas de “cultura libre” en Internet que de momento no se habían tomado muy en serio por parte de los medios de comunicación.
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