Datos incómodos
Tras forzar la decisión antipopular de guardar registro de comunicaciones, los gobiernos de la UE parece que no quieren asumir los gastos que conlleva.
Los atentados de Londres fueron el detonante para el recorte de libertades públicas que Gran Bretaña encabezó. Las medidas en cuestión son el almacenamiento de información sobre comunicaciones, de tal modo que el rastreo de posibles terroristas y el conocimiento posterior pudieran sofocar su actividad.
Muchos han sido los elementos que aquellos favorables al mantenimiento de las libertades actuales han esgrimido, y todos ellos han sido ignorados por los ejecutivos nacionales. La oposición popular se reflejó con el rechazo del Parlamento a estas medidas, que sin embargo consiguieron salir adelante.
Paradójicamente, los que más se han esforzado en concretar esta ley son los mismos que ahora se niegan a costear su mantenimiento. En tiempos en los que la productividad y la rentabilidad son símbolos universales inspiradores, los políticos parecen están dando una nueva lección de cómo derrochar recursos públicos para conseguir nada.