Las asociaciones y organizaciones de consumidores coinciden en
considerar la labor de denuncia y control de abusos en el mercado de las
telecomunicaciones, además del impulso de nuevas políticas de vivienda,
como sus objetivos principales para el año que acaba de empezar.
Así, entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) centrarán sus esfuerzos
en la protección de los consumidores frente a los modos de contratación
y anulación de servicios con empresas de telecomunicaciones.
OCU destaca las dificultades que encuentran los usuarios para ser
atendidos cuando solicitan la baja de un servicio ofrecido por una
empresa de este sector y avisa de que en 2004 seguirá con su lucha
contra las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión.
La postura de CECU parte de lo que considera una situación de indefensión de
los consumidores y pide una transformación de los servicios de atención
al cliente para que las miles de quejas y reclamaciones obtengan una
respuesta y se respeten los derechos de los usuarios.
La
Federación de Consumidores en Acción (FACUA) destaca también que el
porcentaje de quejas relacionadas con empresas de telecomunicaciones es
el mayor (9 por ciento) del total de las que recibe la entidad.
FACUA pide al Gobierno en el inicio de 2004 una mejora de la normativa
que regula las telecomunicaciones para proteger los intereses de los
consumidores por encima de las empresas del sector y recuerda que
recientemente ha presentado una denuncia contra 19 compañías de
telefonía fija, por cable y móvil por redondear al alza cada año el
precio de miles de millones de llamadas realizadas desde y hacia
móviles.
Asimismo, esta organización ha denunciado a
Telefónica de España por su pretensión de utilizar datos confidenciales
de sus clientes para enviarles publicidad de terceras empresas y a
varios operadores de telecomunicaciones por prácticas de publicidad
engañosa.
Finalmente, la Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes (FUCI) aboga por impulsar y elevar los
estándares de calidad de las empresas de tecnología en 2004 por
considerar este aspecto como un foco permanente de conflictos y
asegura que las nuevas formas de contratación vía Internet tendrán un
seguimiento especial para evitar estafas.
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