Diferencias en las tarifas

La OCU ha publicado un informe en el que indica las grandes variaciones de precios, en igualdad de servicios, que tienen las distintas operadoras de telecomunicaciones en España. Estas cifras incrementan la sensación entre los clientes de que no están obteniendo las mismas condiciones que otros, y además de ser una sensación, los datos confirman que así es.

Todo ello, y contemplado desde una perspectiva liberal, constata el desarrollo irregular y defectuoso de la apertura de las comunicaciones a la empresa privada. El acceso a las licencias en las dos anteriores legislaturas fue criticado incesantemente y dejó atónita a la opinión pública independiente el modus operandi. Las licencias de las entidades antiguamente públicas fueron a parar a manos de lobbys relacionados con intereses privados cercanos a políticos. Un hecho que es indicativo de la mala salud de la clase pública nacional.

Ello produjo un intrincado laberinto de intereses que ha condicionado el despliegue de las nuevas tecnologías. Bajo la liberalización del mercado se esperaba una batalla por los precios que no ha sido tan acusada como en otros países con mayor integridad, ambición y perspectivas. Esto fue debido a que la CMT dejó hacer y deshacer a su antojo a la operadora dominante, de modo que la ralentización de la desagregación del bucle ha devenido en esta situación.

El cambio de ejecutivo ha modificado nombre pero no estructuras, por lo que se puede tildar de continuista aunque con obstáculos. No debemos olvidar el posicionamiento de figuras relacionadas con el anterior mandato que obstaculizan la labor ejecutiva. Sin ir más lejos, el caso del traslado de la CMT a Barcelona ha generado una polémica que distrae la atención sobre los puntos realmente importantes. Y las diferencias de accesos y tarifas es lo principal.

Estos datos conciernen no sólo al usuario, sino a todo el sector privado. La empresa privada sin relaciones de alto nivel debería presionar, como lo hace la contraria. La reclamación de equidad permite competir en igualdad de condiciones. Algo que, en nombre de la misma igualdad, los políticos gobernantes han decidido que no suceda.