Hasta 2 millones de españoles podrán participar para expresar su posición sobre la Constitución Europea. El experimento, que no tiene validez legal, terminará el 18 de febrero, antes de la jornada de reflexión previa al referéndum del próximo 20 de febrero, a fin de no interferir en la voluntad de los electores el día que deben emitir su voto con eficacia jurídica.
La iniciativa trata de poner al servicio de los ciudadanos aquellas tecnologías que faciliten en un futuro el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de voto. En esta prueba, con la que el Gobierno pretende continuar los trabajos normativos y técnicos que permitan en futuros procesos electorales su aplicación con eficacia jurídica, participan los 52 municipios (uno por cada provincia, además de Ceuta y Melilla) de mayor censo que, sin ser capital de provincia, no superen los 100.000 electores.
La prueba, que ha sido autorizada por la Junta Electoral Central, se realizará mediante el uso de certificados digitales específicamente emitidos para este propósito con el fin de conferir al sistema las máximas garantías de seguridad: autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad. Para obtener estos certificados, los electores deberán presentarse en las Oficinas de Registro habilitadas por los ayuntamientos para proceder a su registro y la emisión del correspondiente certificado digital.
Una vez cumplido el trámite de obtener el certificado digital, los electores podrán votar en el mismo lugar en el que se han registrado o desde cualquier ordenador que disponga de una conexión a Internet. En todo caso, los ciudadanos contarán con toda la información sobre el procedimiento de voto electrónico a través de unos trípticos editados por el Ministerio del Interior.
La difusión de los resultados de la prueba se realizará una vez se hayan hecho públicos los resultados provisionales de la votación del 20 de febrero, para que esta información no influya de ninguna manera en el libre ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho al sufragio.
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