Kenjo, un software de RRHH para pequeñas y medianas empresas, ha llevado a cabo un estudio en el que se concluye que, tras más de dos meses desde que entró en vigor la normativa sobre la obligación de llevar un registro salarial, el 68% de las empresas españolas aún no sabe cómo o le resulta difícil realizarlo.
En palabras de David Padilla, CEO y cofundador de Kenjo: “Las empresas con las que estamos en contacto día a día nos han transmitido la dificultad que tienen para manejarse con las herramientas a su disposición y, en concreto, con la facilitada por el Ministerio de Trabajo. Por ello, nuestro deseo es que este proceso sea fácil, sencillo e intuitivo y no suponga un problema para los responsables de Recursos Humanos ni el resto de los departamentos implicados”.
La muestra, realizada a profesionales del sector de los Recursos Humanos de pymes, recoge diferentes opiniones sobre las obligaciones que implica la entrada en vigor del RD 902/202, el 14 de abril. Entre ellas se incluye la realización de un registro salarial entre hombres y mujeres que todas las empresas, independientemente del número de empleados, deben realizar.
El objetivo principal de la normativa es aplicar el principio de transparencia para evitar discriminaciones de género en materia retributiva.
Otra preocupación que destacan los equipos responsables de RRHH es la realización de una correcta valoración de los puestos de trabajo, según la regulación actual. El 74% afirma tener dificultades para llevarla a cabo. Y, además, el 68% señala que antes de la entrada en vigor de la normativa, no se disponía de ninguna herramienta para realizar este registro, mientras que el 23% reconoce que hacía uso de un documento Excel.
Contando con este contexto y con el objetivo de simplificar este proceso, Kenjo ha desarrollado la primera herramienta digital e interactiva para que las pymes puedan automatizar este registro. Ahí quedarán reflejados los datos salariales desagregados por sexo y por categoría profesional, así como por departamentos y oficinas.
Además, también se alerta de posibles desviaciones salariales y se incluyen los complementos, percepciones adicionales y cualquier cambio en el salario base de los empleados. Las sanciones por el incumplimiento de esta normativa podrían ascender a los 187.515 euros, según recoge el artículo 10 del RD 902/202.
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