El Congreso aprueba el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones que se remite al Senado sin la admisión de ninguna modificación, si bien se podrían introducir mejoras en la Cámara Alta.

La oposición ha coincidido en criticar que el texto del Gobierno “vulnera” el principio de la privacidad de las comunicaciones, según IU, Grupo Mixto y PNV, así como la conculcación de las competencias autonómicas, en lo que coincidieron CiU y el resto de nacionalistas.

Entre las modificaciones introducidas en el texto en su tramitación en Comisión en la Cámara Baja destaca la atribución a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) de una nueva función “inspectora” de las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, función que antes residía en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT).

De este modo, la CMT tendrá la potestad de abrir una inspección cuando considere que se vulneran materias en torno a los contenidos de ofertas y contratos sin tener que solicitarlo previamente a Ciencia y Tecnología. Además, se modifican los criterios para determinar el operador dominante, que ya no será en función a que absorba el 25 por ciento de cuota de mercado como en la actualidad, sino que se establecerá atendiendo a las particularidades del mercado, así como a las condiciones de éste.

Destaca asimismo, la creación de la “Agencia Nacional de la Radiocomunicaciones”, para la administración, gestión, control e inspección del dominio público radioeléctrico. Es decir, el proyecto de Ley crea este órgano autónomo, pero vinculado al MCyT, para gestionar el espectro radioeléctrico de televisión, radio, telefonía móvil y futuras emisiones de ondas terrestres, además de ser el encargado de otorgar futuras frecuencias.

El texto también introduce un apartado, que ha suscitado gran polémica de los grupos y asociaciones de internautas, que da capacidad a la Administración para acceder a las claves de acceso a las comunicaciones electrónicas encriptadas, en el marco de una investigación en la que se presuma que se ha cometido un delito a través de Internet.