El Congreso envía al Senado la Ley de Firma Electrónica
La normativa pretende aportar seguridad jurídica a las transacciones comerciales en la Red, así como sentar las bases para la próxima implantación del DNI electrónico.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP y Coalición Canaria (CC), el rechazo de PSOE e Izquierda Unida, y la abstención de Convergencia i Unió (CiU) y PNV, el proyecto de Ley de Firma Electrónica. El texto proseguirá ahora su tramitación en el Senado, donde la oposición volverá a presentar gran parte de las enmiendas que el partido mayoritario ha rechazado en la Cámara Baja.
El proyecto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de junio ha superado la primera etapa de su tramitación tras recibir una enmienda a la totalidad del PSOE y casi 250 enmiendas de todos los grupos políticos, incluidas algunas del PP para introducir modificaciones al texto elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si bien finalmente sólo han salido adelante una veintena de ellas.
En el debate y votación hoy ante el Pleno, el partido que sustenta al Gobierno reiteró sus argumentos de que la Ley tiene tras de sí aportaciones de medio centenar de entidades del sector, recibidas tras someter sus distintos borradores a varios periodos de consulta pública, y que pretende aportar seguridad jurídica a las transacciones comerciales en la Red, así como sentar las bases para la próxima implantación del DNI electrónico.
En cambio, tanto el diputado de CiU Jordi Jané como la socialista Lourdes Muñoz criticaron la obstinación del grupo mayoritario por no admitir algunas enmiendas de carácter técnico y otras relativas a distinguir entre el solicitante del certificado, que puede ser una empresa u organismo público para todos sus trabajadores; el suscriptor, la persona jurídica actora de la transacción; y el firmante en sí, esto es, la persona física que controla el proceso de creación de la firma digital.
Tanto en los trabajos en comisión como hoy en ante el plenario de la Cámara, el Grupo Popular se negó a introducir este cambio, argumentando que tal distinción crearía, en su criterio, inseguridad jurídica en el proceso de firma electrónica, todo lo contrario de lo que se pretende con esta ley. No obstante, CiU y PSOE ya han anunciado que volverán a presentar estas enmiendas en el Senado.