El Defensor del Pueblo aboga por los derechos de los consumidores online
En su “Memoria Anual”, el organismo propone la creación de mecanismos de reclamación extrajudiciales efectivos.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recibió durante el año pasado un “gran volumen” de reclamaciones contra los proveedores de servicios de Internet (ISP), por lo que considera necesario “regular con precisión los derechos de los consumidores de este tipo de servicios de transmisión de datos”.
En su “Memoria Anual 2003”, el Defensor del Pueblo señala que las quejas evidencian “importantes problemas” en la relación de los ISPs con los internautas, por lo que recalca la “necesidad” de poner en marcha procedimientos de reclamación ajenos a la vía judicial “rápidos y efectivos”.
Asimismo, Múgica ha pedido a la Administración que estudie la posibilidad de adoptar medidas que fomenten el sometimiento de estas empresas, entre las que cita a Wanadoo, Terra-Networks y Auna, al sistema arbitral de consumo.
Para el Defensor del Pueblo, las “dificultades de los abonados de tales compañías para hacer efectivos sus derechos” provienen, en unos casos, de la declaración de no competencia en la materia por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mientras que en otros obedece a que dichas empresas no están sometidas a sistemas arbitrales de consumo.
Con todo, la mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en materia de Internet y Nuevas Tecnologías se refieren a “cuestiones ajenas” a sus competencias, por lo que su actuación se limita, en la mayoría de los casos, a la labor informativa que le atribuye la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Entre ellas, figuran consultas sobre las “incertidumbres jurídicas” sobre la propia LSSI, ante lo que recomienda “protección y control en algunos aspectos”. En este sentido, la “Memoria” señala que “la escasa vida de la norma y las dificultades que supone su aplicación dan lugar a un cierto desconocimiento y desorientación de los usuarios de la Red sobre sus derechos y obligaciones, y la defensa de sus intereses”.