El Defensor del Pueblo ha dirigido dos misivas al Secretario de Estado de Telecomunicaciones interesándose por sus actuaciones en ambos asuntos. En este sentido, el Defensor del Pueblo aseguró que ha tenido conocimiento de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones considera “insuficiente” el crecimiento de la banda ancha en España, y que a esto se añaden las quejas de los ciudadanos “que evidencian que el precio que ha de pagarse por la percepción de este servicio es excesivo en comparación con el resto de países de la UE”, afirmó.
Así, recuerda que desde la institución del Defensor “se estima que el impulso de la banda ancha en Internet es fundamental y prioritario” para el desarrollo de una sociedad tecnológicamente avanzada. “La extensión del uso de las líneas ADSL al mayor número de ciudadanos posible ha de ser un cometido emprendido tanto desde los órganos administrativos competentes en la materia, como desde los operadores presentes en el mercado. Sin embargo -lamentó-, la realidad social que reflejan las noticias referidas se aleja de la consecución de este objetivo”.
Por ello, su oficina ha remitido un escrito al secretario de Estado de las Telecomunicaciones, Francisco Ros, solicitándole un informe en el que se haga constar la veracidad de las noticias publicadas al respecto y, en su caso, “las medidas propuestas o que se estén estudiando desde la Administración a fin de extender la banda ancha en nuestro país”. “Concretamente, en lo relativo al precio del servicio, se pregunta sobre si se ha estimado la adopción de alguna medida sobre el particular”, explicó el Defensor del Pueblo.
Asimismo, anunció que la adjunta Primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido al secretario de Estado de las Telecomunicaciones, Francisco Ros, para que éste “informe” sobre el caso de los SMS. Según Múgica, ante la “ausencia de normativa aplicable sobre el particular”, la Secretaría, dependiente de Industria, “se inhibe” ante las reclamaciones de los ciudadanos.
Por ello, aseguró que iniciará las gestiones para que el asunto “quede satisfactoriamente resuelto en beneficio de los consumidores”.
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