Desde que se descubriera en septiembre del año pasado el enorme escándalo contable de Toshiba, el mayor hasta la fecha en Japón, la compañía no ha tenido un respiro y se ha visto obligada a realizar cambios drásticos no sólo para ajustar su negocio a la situación real de la empresa, sino también para tratar de recuperar la confianza de los inversores.
Despidos de ejecutivos y trabajadores, ventas de importantes divisiones y una pérdida considerable de su valor en Bolsa, son algunos de los efectos que ha provocado el escándalo, junto con importantes multas por parte del gobierno japonés. Pero los problemas de Toshiba están lejos de acabar, a las deudas y reestructuraciones se unen también las demandas que van apareciendo poco a poco, siendo una de las últimas la del fondo público de pensiones japonés, el Government Pension Investment Fund (GPIF).
Con 1,3 billones de dólares, se trata del fondo más grande del mundo que gestiona un sistema nacional de pensiones, y su importancia para Japón es enorme, por lo que la demanda a Toshiba por parte del mismo es de gran relevancia. De hecho no es la primera vez que este fondo demanda a una empresa, ya lo hizo con Livedoor y Seibu Railway, llegando en ambos casos a acuerdos.
En esta ocasión la demanda la ha llevado a cabo a través del Japan Trustee Services Bank, y le pide a Toshiba 9,2 millones de dólares por los daños causados por el escándalo, al propiciar una importante bajada de su cotización. De tener éxito, la demanda puede sentar un peligroso precedente para Toshiba y animar a otros a llevar a cabo más acciones legales contra la empresa.
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