El Gobierno impulsará el despliegue de antenas de UMTS
El ministro de Industria, José Montilla, va a cerrar los acuerdos que revisan las condiciones que las operadoras de 3G deben cumplir con vistas al mercado.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ha adelantado que su departamento pondrá en marcha una batería de medidas para acelerar el despliegue de antenas de telefonía móvil ante la llegada de la tercera generación, para lo que colabora con los municipios y las comunidades autónomas.
En este sentido, Montilla ha explicado que Industria ya está trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas para la implantación de medidas que permitan acelerar la instalación de antenas y garanticen que la tercera generación (UMTS) sea “un éxito”.
Según los términos del ministro, la cobertura de telefonía móvil en España es “bastante aceptable, pero manifiestamente mejorable”. En particular, existen problemas de cobertura de GSM en algunas provincias y grandes ciudades, que se agravarán con el despliegue de la tercera generación si no se toman medidas al respecto.
De acuerdo con esto, sostuvo que los problemas de cobertura de GSM se vieron favorecidos por el influjo de una creencia “minoritaria y muy aislada” ante los efectos negativos sobre la salud de las antenas de móvil, una suposición ya “deslegitimada” por diversos informes y argumentos.
Por ello, ha insistido en la importancia de que se produzca un esfuerzo “coordinado” del Gobierno con todas las administraciones, especialmente con los ayuntamientos, para garantizar un despliegue efectivo y adecuado de las redes de 3G.
El ministro también ha recordado que su departamento está a punto de cerrar con las operadoras que tienen licencias de UMTS los acuerdos que revisan las condiciones que deben cumplir para operar en el mercado. “Es inminente en este mes la publicación de la orden ministerial correspondiente”.
Por otra parte, Montilla ha avanzado que el Gobierno tiene la intención de reforzar el papel de los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para que ganen en independencia y en relevancia y sean instrumentos “mucho más útiles” en los respectivos procesos de liberalización.