El Gobierno destinará un total de 785,6 millones de euros en 2006 para impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y el uso de Internet en distintos ámbitos sociales, principalmente en los hogares, la Administración y en las pequeñas y medianas empresas, en el marco del Plan Avanza 2006-2010 aprobado por el Consejo de Ministros.
A esta partida se añaden las destinadas por el Ministerio de Industria en este ámbito, que ascienden a 412,1 millones de euros. El importe global por ambos conceptos se eleva a 1.197,7 millones de euros y el Gobierno espera elevar esta cantidad hasta el 7 por ciento del PIB en 2010, frente al 4,8 por ciento del año pasado.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado a este respecto la voluntad del Ejecutivo de extender el uso de Internet en el ámbito de los hogares “para que la Red pueda llegar a las viviendas, los mayores, discapacitados y colectivos con dificultades de acceso”.
Además, el plan pretende fomentar el desarrollo de Internet en las pymes, en el ámbito educativo y en la Administración, como por ejemplo en los procesos de renovación de documentos públicos. El Plan también contempla medidas para implantar las infraestructuras de banda ancha en todo el país, generar confianza en ciudadanos y empresas en el uso de las Nuevas Tecnologías y proporcionar mecanismos de seguridad avanzados.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado adoptar distintos mandatos, como la aprobación, antes de final de año, de un anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por el que se incluirán obligaciones de información de los proveedores de acceso a Internet a sus clientes sobre problemas de seguridad.
Igualmente, está prevista la elaboración de un Real Decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los servicios relacionados con la Sociedad de la Información y una propuesta sobre las necesidades de regulación en el ámbito del teletrabajo.
Otros proyectos previstos son la regulación de los medios electrónicos en la Administración, la firma electrónica, incentivos fiscales a las empresas para la inversión en I+D+i, así como una propuesta de infracciones a operadores de comunicaciones por el incumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios.
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