Los ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad y Consumo y las
operadoras de telefonía han acordado la puesta en marcha de dos grupos
de trabajo para estudiar sistemas que eviten el redondeo al alza de las
llamadas y conseguir transparencia de precios, según informa el
departamento de Ana Pastor.
Así, la reunión celebrada entre la
administración y el sector ha dado como fruto un primer grupo de trabajo
que está encaminado a garantizar que los precios sean reflejo del
servicio realmente prestado al usuario, evitando fórmulas de redondeo
siempre al alza.
Igualmente, ambas partes han decidido
crear un segundo grupo que tiene como objetivo encontrar mecanismos que
permitan al usuario conocer de forma adecuada los diferentes precios de
las distintas compañías mediante fórmulas que reflejen de forma
homogénea los parámetros utilizados por éstas.
En
este sentido, la intención es definir un elemento referencial común, al
estilo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) en los servicios hipotecarios,
al que se traduzcan las diversas ofertas de precios disponibles en el
mercado, lo que aumentará la información al consumidor y mejorará su
capacidad de decisión para elegir la oferta más adecuada.
Ante el elevado número de reclamaciones sobre servicios de telefonía
presentadas por los usuarios, los representantes del sector han
manifestado a la Administración su máxima disponibilidad para
encontrar fórmulas que permitan garantizar los derechos de información
de los usuarios sin menoscabar sus intereses legítimos, según Sanidad.
La Federación de Consumidores en Acción (Facua) denunció recientemente ante el
Instituto Nacional de Consumo y el Defensor del Pueblo que el cobro por
segundos de conversación no consumidos por los usuarios vulnera la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
De
acuerdo con esto, Facua ha expresado su satisfacción ante el resultado
de la reunión y ha reclamado que las asociaciones de consumidores
participen en los mencionados grupos de trabajo. Asimismo, ha demandado
una resolución del Instituto Nacional de Consumo que valore estos
métodos de facturación desde un punto de vista jurídico y determine su
ilegalidad.
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