El director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
Jorge Pérez, considera que la regulación elaborada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCyT) para controlar la proliferación de correos
electrónicos comerciales no solicitados (spam) es la más estricta que
se puede hacer.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), aprobada en julio de 2002,
prohibía el envío de e-mails comerciales si los destinatarios no habían
previamente autorizado su envío.
No obstante, la Ley General
de Telecomunicaciones acaba de modificar la LSSI, por lo que se permite
el envío de este tipo de comunicaciones por parte de las empresas a
usuarios con los que ya tuviera una relación contractual y para dar
información sobre servicios o productos similares a los inicialmente
contratados.
Bajo este contexto, Pérez apunta que desde el MCyT,
cuando tiene que escoger entre regular o que se autorregule Internet,
prefiere no regular. En la medida de lo posible es mejor que los agentes
se controlen. Preferimos regular a posteriori, cuando ha surgido un
problema, antes que hacerlo ex ante, intentando anticiparlo.
En la misma línea, el directivo justifica la modificación de la LSSI para
adaptarse a la legislación comunitaria y admite que el problema sigue
lejos de resolverse. Más del 90 por ciento del spam proviene del
extranjero, porque no tienen una regulación tan estricta como la
nuestra, añade Jorge Pérez.
Asimismo, ha puesto
de manifiesto que se ha hecho una regulación tan estricta debido a que
los costes de entrada de los agentes publicitarios en Internet son
prácticamente cero, puesto que basta con acumular direcciones de correo
electrónico.
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