El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, ha presentado en la reunión informal de ministros comunitarios de Telecomunicaciones de Viterbe (Italia), la estrategia nacional de banda ancha, que intentará aprovechar la disponibilidad de los fondos estructurales para llevar esta tecnología a las regiones más desfavorecidas.
Dicha estrategia consta de cuatro grandes apartados. El primero de ellos se refiere al mapa que recoge el desarrollo de lo servicios de banda ancha en España; el segundo, las barreras que limitan su desarrollo; el tercero, las políticas de colaboración indispensables con las diferentes administraciones autonómicas y municipales y, por último, el análisis de las barreras existentes y sus posibles soluciones.
No obstante, esta estrategia deberá ajustarse al discurso pronunciado por el comisario europeo de Empresa y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, quien se ha referido a las posibilidades de que los Estados miembro se aprovechen de los fondos estructurales para llevar la banda ancha a aquellas regiones más desfavorecidas.
Liikanen también ha confirmado la disposición de la Comisión para desviar una parte de los fondos estructurales para la construcción de infraestructuras de banda ancha en zonas menos aventajadas de Europa, o donde la ausencia de intereses por parte de las operadoras privadas suponga un obstáculo.
En referencia a este tema, Liikanen ha desvelado que los Estados miembros de la Unión Europea superan ya las 17,5 millones de conexiones a Internet mediante banda ancha, lo que supone prácticamente el doble de las existentes en julio de 2002.
Además, ha subrayado que cuatro países de la UE, entre los que figura España, tienen tasas de penetración de estas líneas de acceso de alta velocidad a la Red superiores a las de Estados Unidos.
Por otro lado, y con el objeto de que todos los países desarrollen sus estrategias nacionales de banda ancha, Liikanen ha destacado la existencia de una creciente competencia tecnológica, así como la intervención del sector público, aunque sólo cuando ésta se presente como necesaria.
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