Como un oído gigante que todo lo escucha o un enorme ojo que no deja escapar detalle. Nuestra huella digital resulta imborrable y nadie está a salvo de esa constante vigilancia. “El espionaje es más viejo que el frijol”, reza un dicho popular. No obstante, mucho han cambiado los métodos utilizados. Desde los años del telégrafo y las palomas mensajeras, hasta los tiempos del más célebre y mediático de los agentes secretos, James Bond, los gobiernos han querido conocer las estrategias e intenciones de sus aliados y enemigos. Las agencias de inteligencia siempre han espiado, pero no de una forma tan masiva como ocurre en la actualidad.
Internet forma ya parte de nuestras vidas. Al navegar, facilitamos un sinfín de datos personales. A raíz de las filtraciones del exempleado de la CIA, Edward Snowden, la comunidad internacional conoce la manera indiscriminada mediante la que los servicios estadounidenses obtienen información. “Estados Unidos tiene una cantidad enorme de recursos dedicados a sus 16 agencias de inteligencia. En 2009, el presupuesto conjunto de todas ellas rondaba los 50.000 millones de dólares, el equivalente a un 5% del PIB español”, asegura Luis Corrons, director técnico de PandaLabs.
La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), a través de su sistema de vigilancia PRISM, ha investigado a multitud de dirigentes con relevancia internacional. Según el periódico británico “The Guardian”, se espiaron los teléfonos de 35 líderes mundiales. Sólo en España se interceptaron más de 60 millones de llamadas en un mes. El abogado Guillermo Díaz afirma que, “con gran cinismo, la canciller Merkel protesta, el gobierno americano calla y Rajoy echa balones fuera”.
La privacidad de los ciudadanos corre peligro. Discutir las ventajas de un sistema informático que permite la eficaz persecución de la delincuencia organizada y el terrorismo a gran escala sería de necios. Sin embargo, para Díaz, “no hay suficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal”. Por su parte, Javier Candau, jefe de área de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), defiende que “España es uno de los países más garantistas de los derechos fundamentales del ciudadano”.
Díaz expone que la exactitud de los archivos que se pongan a disposición del juez debería estar asignada a un órgano del Estado y no a una empresa externa. “Sin privacidad no hay libertad y sin libertad no hay sociedad. Por tanto, no nos callemos. No aceptemos estoicamente el espionaje del estado como algo necesario para el funcionamiento del sistema. Luchemos y persigamos nuestro derecho constitucional a la privacidad. El estado somos nosotros, los ciudadanos y, por ello, nuestro derecho constitucional ha de estar por encima de todo”, alega.
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