La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), el organismo francés encargado de la protección de datos, ha impuesto a Facebook una multa de 150.000 euros por no impedir que los anunciantes puedan acceder a los datos de sus usuarios.
La CNIL explicó que la multa -que fue impuesta tanto a Facebook como a Facebook Ireland- forma parte de una investigación europea más amplia, que se está llevando a cabo en Bélgica, Holanda, España y Alemania, sobre algunas de las prácticas de la corporación americana, informa Reuters.
Evidentemente, la sanción es pequeña si la comparamos con el volumen financiero de la compañía, que tiene unos ingresos trimestrales de alrededor de 8.000 millones de dólares una capitalización bursátil de 435.000 millones. Pero es la cantidad máxima con la que la CNIL podía multar cuando comenzó la investigación sobre el gigante tecnológico.
Tras la aprobación de una nueva ley en octubre de 2016, el regulador francés puede imponer ya multas de hasta 3 millones de euros. Y la nueva ley de protección de datos de la UE que entrará en vigor en 2018 permitirá sancionar a las empresas con hasta el 4% de su volumen de negocio global si la vulneran.
El año pasado, el organismo había dado a Facebook un plazo para detener el seguimiento de la actividad web de los internautas sin su consentimiento y ordenó a la red social detener algunas transferencias de datos personales a los Estados Unidos. La empresa argumentó que era la autoridad irlandesa de protección de datos, y no la CNIL, la competente para formular tales órdenes, ya que la sede social de la red social en Europa se encuentra en Dublín.
Tras la sanción, con la que Facebook se mostró “respetuosamente en desacuerdo”, la compañía manifestó su interés en “dar a la gente el control de su privacidad” y aseveró que “en los últimos años, hemos simplificado nuestras políticas para ayudar a la gente a entender cómo usamos la información y hacer que Facebook sea mejor”.
Se da la circunstancia de que la decisión de la comisión francesa es la primera medida significativa adoptada contra una empresa que ha transferido datos de ciudadanos europeos a EEUU, tras el fallo de la UE el año pasado que derogó el acuerdo Safe Harbor.
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