Filesonic decide cancelar sus servicios para compartir archivos

El cuerpo de MegaUpload todavía está fresco y lo cierto es que nadie sabe todavía que va a pasar, puede convertirse en algo puntual o el origen de una reacción en cadena por todo Internet.

De momento EEUU ha conseguido uno de sus objetivos, dar miedo a los servicios de almacenamiento y streaming, pero aunque está claro que no van a desparecer, puede que muchos se mantengan hibernando a la espera de saber realmente que cosas concretas hizo MegaUpload.

Los que tengáis cosas en FileSonic tranquilos que seguirán allí, pero sólo podréis acceder a vuestros propios archivos.

Sabemos que el abogado Carlos Sánchez Almeida está preparando una denuncia directamente contra el FBI por el cierre de MegaUpload y no le faltan motivos, pero a mi modo de ver no por el hecho sino por las formas en las que el gobierno de EEUU actuó unilateralmente al igual que con lo de RojaDirecta.

Pero ¿dónde está el límite para compartir archivos y difundirlos sin consentimiento? Es algo muy peliagudo y no es todo tan simple como que MegaUpload no hacían nada malo y sólo permitían que se subieran y compartieran archivos, cuando todos sabemos realmente e incluso las estadísticas de sus descargas aseguraban que la mayoría de los contenidos eran ilegales.

Un servicio así debe cumplir con unas normas al igual que por ejemplo un servicio que guarda datos personales debe cumplir con otras. ¿Los cumplía o no? Claro que fastidia que te quiten una vía tan cómoda, pero ¿cuál es la solución?

¿Debió hacerse un comunicado para avisar con un tiempo prudencial de que el servicio iba a ser cerrado en vez de actuar como los intocables de Eliot Ness?

¿Quién pone esas normas? ¿Puede actuar un gobierno contra un servicio instalado fuera de su país? ¿Qué se puede difundir y que no? ¿Quién lo decide? ¿Cómo y quién debe actuar cuando eso no se cumple? Ahí están las claves y eso es lo que nos debe preocupar.