Francia quiere bloquear el acceso a Wi-Fi en situaciones de emergencia
La policía francesa también pide el filtrado de contenido para bloquear sitios ilegales e impedir el acceso a la red anónima Tor.
Los atentados terroristas en París el pasado 13 de noviembre no sólo acabaron con la tranquilidad de los franceses; también han puesto en peligro el delicado equilibrio entre libertad y seguridad en el país vecino. El uso de redes Wi-Fi y el de la red Tor podría ser prohibido en situaciones de emergencia si prosperan las propuestas de la policía francesa a la Secretaría de Gobernación.
Según un documento interno, las fuerzas del orden de Francia afirman que las leyes de emergencia deben ser actualizadas porque es difícil rastrear a los usuarios de redes Wi-Fi públicas. También piden el filtrado de contenido para bloquear sitios ilegales.
Sin embargo, la Directiva Europea de Regulación de la Retención de Datos de 2009 requiere que todos los proveedores Wi-Fi conserven los datos de los usuarios y registren todas las URL visitadas. Aunque no está claro a qué nivel se está llevando este registro, el bloqueo de acceso a Wi-Fi durante una emergencia podría tener una consecuencia indeseada en forma de pánico entre las personas que están tratando de localizar a sus seres queridos.
La otra propuesta controvertida es el bloqueo de la red de servidores Tor. Según TNW, el gobierno socialista francés está considerando aplicarlo como parte de un nuevo proyecto de ley de lucha contra el terrorismo. Esta red que facilita el anonimato al navegar por Internet es utilizada por delincuentes, pero también por denunciantes y periodistas, por lo que su prohibición ha sido tildada de potencialmente inconstitucional por la propia Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior galo.
El gobierno de Manuel Valls también podría exigir a los ISP entregar los datos que muestren si los internautas están usando Tor y para qué. Una medida que trae a primer plano una vez más las cuestiones de la privacidad y la transparencia de las relaciones entre el gobierno, los ciudadanos y las empresas tecnológicas.