El Gobierno español no quiere dejar más tiempo fuera de la regulación legal el crowdfunding. Ante el auge imparable de esta forma de financiación, que cuenta con 47 plataformas operativas en España, el Ministerio de Economía proyecta establecer un marco legal propio aprovechando la futura Ley Financiera, anticipándose así a la futura regulación de la Comisión Europea.
Aunque todavía no se ha avanzado por dónde puede ir la nueva regulación, El Economista pone como ejemplo la normativa fijada por Estados Unidos en 2012 y, sobre todo, la ley británica, que entrará en vigor en abril. Reino Unido, uno de los países con más desarrollo del crowdfunding, exigirá a las plataformas un mínimo de capital y planes de resolución para asegurar la continuidad de los pagos a los inversores. Para que el inversor tenga más información, páginas como Indiegogo o Kickstarter estarán obligadas a hacer públicos su modelo de negocio, tasa de morosidad y los procedimientos para preseleccionar riesgos y asignarles un rating.
Esta regulación del crowdfunding “le aportará escala y seguridad jurídica“, según un informe del Servicio de Estudios de La Caixa. Esta entidad considera que este mercado “podría alcanzar una dimensión significativa” en un “futuro cercano”, teniendo en cuanta la creciente participación de inversores institucionales en el mismo.
Por el momento, el crowdfunding mueve 735 millones al año en Europa, según datos de 2013. Una cifra que asciende a 2.700 millones de dólares en todo el mundo pasado año, según Infocrowdsourcing. De ellos, 13 millones de dólares, esto es 9,7 millones de euros, fueron a parar a proyectos radicados en España.
Y las previsiones van a más, puesto que el volumen de financiación entre particulares se multiplica a un ritmo de tres y cuatro veces cada año, ayudado por la escasez e incluso ausencia de financiación bancaria para nuevos proyectos emprendedores.
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