¿Qué debe ir por delante, la protección a la propiedad intelectual o el derecho a la libertad de expresión en la Red? Esta es la pregunta que ha centrado esta mañana una mesa redonda en la que han participado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, el realizador de documentales Stephane Gruesso y el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales.
Para Víctor Domingo hay un aspecto fundamental y es que la propiedad intelectual tal y como se ha entendido ya no existe en la Red. “Con Internet los conceptos de propiedad intelectual se desbaratan. Estamos de acuerdo en que hay que pagar a los autores, pero ¿también hay que pagar a terceros y cuartos por cosas a las que se accede instantáneamente y se pueden conseguir sin intermediarios”, explicaba.
Domingo cree que la regulación sobre copyright no responde a una interpretación actual y que entidades como la SGAE se han encargado de prostituir los conceptos de “copia privada” e “intercambio de archivos”.
Las leyes de propiedad intelectual en nuestro país se basarían en aspectos de hace casi dos siglos, pero ¿por qué las industrias culturales no las actualizan? Alejandro Perales reconoce que “los intermediarios han tenido muchos años para darse cuenta del cambio en la forma de consumir contenidos”. Para Gruesso es evidente que “quieren seguir con los ojos cerrados y que todo pase”. El realizador lo tiene claro: “No van a vender más copias físicas. Cuanto antes lo acepten mejor podrán adaptarse a las oportunidades de los nuevos modelos”.
El director asegura que le molesta especialmente que, como autor, los gobiernos le utilicen para impulsar medidas enmascaradas como protectoras de la propiedad intelectual, que en lugar son solo una forma de controlar la información, como la SOPA o la PIPA. “A los gobiernos no les gusta nada que ahora nos podamos comunicar y organizar por 6 euros y desde cualquier parte. Pero el derecho de reunión es intocable. Los derechos digitales deben ser considerados con la misma importancia que los físicos”, insiste.
Los ponentes también han puesto de manifiesto la falta de oferta de contenidos que existe en España. Gruesso reconoce que está suscrito a Netflix a través de una red extranjera porque aquí hay pocas plataformas que proporcionen contenidos audiovisuales actuales y de calidad a un precio asequible. Domingo reconoce que en muchas ocasiones los usuarios digitalizan contenidos porque las propias titulares de derechos no facilitan que se pueda acceder a ellos. Y se reflexiona sobre por qué la industria no ha sido capaz de constuir algo parecido a SeriesYonkis o Megaupload.
“Hay 1.700 series, pero solo se venden 300 o 400. Los internautas las han subido a la red, digitalizado y subtitulado porque les interesa, se han esforzado para ofrecerlo a todos. La industria no las comercializa, esos productos no los están distribuyendo ¿Es ilegal? Sí, pero si las productoras no las quieren vender…”, reflexiona el presidente de la Asociación de Internautas.
Los defensores de Internet en la sombra
El acto ha servido como primera conferencia organizada por la Internet Society en nuestro país. Esta organización en ‘la sombra’, como la define el presidente del capítulo de España, Andreu Veá, aglutina a muchos de los principales protagonistas de la Red en el mundo, representando a una red internacional de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, emprendedores, etc. Su finalidad principal es hacer que “Internet está accesible a todos en cualquier parte” fomentando políticas, estándares tecnológicos y actuaciones para el desarrollo futuro de Internet centradas en el aperturismo.
“Desde nuestra organización no solo trabajamos para promover los avances tecnológicos, nuestra tarea consiste en asegurarnos de que Internet sigue creciendo y evolucionando como plataforma de innovación, desarrollo económico y progreso social para personas de todo el mundo”, ha explicado en el acto Frederick Donck, director del European Regional Bureau de la Internet Society.
Internet Society y está presente en nuestro país desde 1995, cuando se abrió el primer capítulo en Cataluña. En la actualidad cuenta con 90 capítulos repartidos en 70 países, 130 miembros organizativos y unos 55.000 miembros individuales.
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