El acceso a las Nuevas Tecnologías del residente en Madrid se encuentra de enhorabuena. Con una inversión de más de 3 millones de euros, la estrategia CAPI llevada a cabo por el Gobierno Regional parece reducir la “brecha digital” que divide a los más pudientes de los desfavorecidos. De hecho, el número de centros de acceso público a Internet se acerca en la Comunidad a los trescientos, una cifra nada desdeñable para la futura trayectoria de la Sociedad de la Información.
Además, no hay que olvidar que uno de los objetivos prioritarios de esta iniciativa es facilitar el uso de las Nuevas Tecnologías entre todos los madrileños, así como brindar una cierta democratización en cuanto a igualdad de oportunidades habidas en el universo cibernético. Es decir, situar al medio electrónico al alcance del que lo desee.
Sin embargo, parece que la estrategia, lejos de animar a participantes y observadores, ha provocado duras críticas por parte de ciertos sectores: el acceso a Internet se queda fuera de contexto para incluir una serie de políticas “más activas” que posibiliten un dispositivo hardware u ordenador a los ciudadanos.
Los objetivos definidos en la protesta resultan difíciles de conseguir, que no imposibles, aunque bien es cierto que si el entramado político sigue azuzándose de esta manera, el principal beneficiario va a ser el público, el mismo ciudadano.
Porque ya sea a través del ordenador o de Internet, de hardware o de software, la remodelación del sector español TI está a la vuelta de la esquina. Y con ella, el avance de España y de los que la habitan.
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