La puesta en marcha del DNI electrónico, objetivo prioritario de la e-Administración española para comienzos de año, está siendo cuestionado por diferentes organismos de peso. Parece, pues, que el acercamiento del ciudadano con la ventanilla electrónica debe solventar ciertos problemas relacionados con la protección de datos para llegar a buen puerto.
El motivo clave de la situación se dirige hacia la falta de una normativa que clarifique el derecho a la intimidad del usuario. Es decir, la inclusión de la foto en el documento de identidad podría dar pie, según estas asociaciones, a una información no del todo lícita en cuanto a rasgos extremadamente personales, tales como religiosos, étnicos o de raza. Además, la posibilidad de incorporar datos genéticos abre las puertas a un sinfín de elucubraciones varias ante los derechos fundamentales del individuo.
La polémica está servida con cubierto de plata. Las ventajas de una identificación tan puntual resultan de significativa importancia, y del todo prácticas, aunque, como en cualquier proyecto que comienza, las contras juegan su propio determinante.
La vida privada del ciudadano se ve vulnerable a ojos de terceros y, si esto ya se considera bastante alarmista, no se debe olvidar el hecho de que esta tecnología de identificación electrónica puede ser perfectamente accesible para distintas plataformas de software.
Sin llegar a rasgarnos las vestiduras, las alternativas capaces de paliar los efectos de estas metodologías últimas podrían enumerarse con la inclusión de la firma digital o, sin duda, con la ampliación de textos legales que aporten la cobertura necesaria a las estrategias venideras. No obstante, el ciudadano tiene la última palabra y con él, el asentamiento de las Nuevas Tecnologías.
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