La Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) está “preocupada” por la falta de acuerdo con los fabricantes para fijar el polémico canon digital.
Según la nueva Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en el Congreso el pasado mes de junio, los dispositivos capaces de fijar, reproducir y almacenar contenidos han de pagar canon.
Según la ACAM, los fabricantes de reproductores MP3 y teléfonos móviles, entre otros dispositivos, “están sujetos a satisfacer esa remuneración aunque no hayan querido ponerse de acuerdo con los propietarios de esos contenidos durante los últimos cuatro meses”.
Así, en un comunicado, esta asociación pide “a los ministerios de Cultura e Industria y, también al Gobierno, a que actúen sin complejos en el asunto del canon y que aplique lo que dice la Ley sobre el mismo”.
Esta asociación acusa a las empresas de electrónica, nuevas tecnologías, información y comunicación de “generalizar el desprecio por el trabajo de los autores y el desprestigio de sus entidades de gestión”.
Teo Cardalda, presidente de ACAM, aseguró que la aplicación del pago de un canon en los nuevos dispositivos y soportes “es el primer paso para recuperar la normalidad del mercado, tal y como ocurrió cuando apareció el cassette y, más tarde, el CD”.
Por su parte, Luis Carlos Esteban, responsable en Redes Digitales de ACAM, afirmó que “el siguiente paso para avanzar es que la sociedad abandone de forma paulatina el uso, no remunerado, de las redes de intercambio P2P”.
Según Esteban, esta práctica supone, en términos reales, “la alienación del derecho fundamental al trabajo de los autores. El cambio del modelo de negocio no puede traer consigo la desaparición de ese derecho.”
El establecimiento de un canon sobre los soportes digitales abarca no sólo los CD y DVD vírgenes, sino reproductores MP3, teléfonos móviles multimedia, escáneres, impresoras o lápices de memoria.
Según los detractores, supondrá un encarecimiento del precio de dichos productos ya que, pese a que las entidades de gestión insistan en que los deudores son los distribuidores, el hecho es que se traslada al precio final.
La industria tecnológica y los consumidores, agrupados en la plataforma “Todoscontraelcanon.es“, se han quejado de este aspecto, y subrayan que se trata de “una tasa indiscriminada”.
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