Lo que ha ocurrido hoy en Madrid, con el registro de las sedes de Google por parte de inspectores de la Agencia Tributaria, tanto en las oficinas centrales de Torre Picaso como en el Campus Google, recuerda a lo que ya pasó en mayo en París. En ese momento las autoridades galas registraron la sede central de Google en Francia, como parte de una investigación por un supuesto fraude fiscal.
Francia le exige a Google el pago de 1.600 millones de euros en impuestos, que supuestamente la compañía habría evitado utilizando la conocida técnica de reducir al mínimo los beneficios, aumentando los gastos que impone la sede Irlandesa al resto de países, concentrando la carga fiscal a beneficios en Irlanda, con menor imposición y para luego a través de dicho país, desviar los fondos a paraísos fiscales gracias a las relajadas normas fiscales irlandesas.
Este sistema de ingeniería fiscal, ampliamente utilizado por grandes compañías de todo el mundo para reducir al mínimo los impuestos en los países donde operan, son de sobra conocidas por las autoridades europeas, que a pesar de las críticas a la vecina Irlanda, han actuado con gran pasividad hasta hace poco.
Ahora parece que todos las autoridades fiscales europeas han ‘despertado’ y están investigando, tomando medidas reales para tratar de evitarlo, aunque con actitudes dispares. Mientras Reino Unido llegó a un acuerdo con Google por el pago de 130 millones de libras por impuestos retrasados de varios años, Francia ha sido más dura y ha avisado que no buscan el acuerdo, sino el pago integro de la supuesta evasión fiscal de Google.
En nuestro caso todavía es pronto para saber el resultado de estos registros, pero recordemos que en su momento Hacienda llegó a un acuerdo por el cual Google Spain pagó 1,9 millones de euros extra en sus declaraciones de 2007 y 2008. Se desconoce además si estos registros continuarán en otras sedes de otras empresas, ya que en el caso de Francia se indicó que los de Google sólo eran el principio, y que habría muchos más.
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