La Asociación Española de Startups alerta del riesgo que supone la llamada “Ley Rider”
Obligar a compartir su propiedad intelectual e industrial excede preocupantemente el ámbito de regulación vigente y la esperable para las aplicaciones.
Este 11 de marzo el Gobierno ha expuesto los detalles del acuerdo que mantendrán junto a la patronal y los sindicatos sobre la regulación de la actividad del sector delivery, conocida ya como Ley Rider. En este contexto, la Asociación Española de Startups quiere hacer pública la preocupación que le provoca la urgencia en la aprobación de dicha regulación y el alcance de estas normas.
Una de las medidas que mas inquietud provocan es la propuesta relativa a los algoritmos y a los sistemas de inteligencia artificial. No solo se excede la supuesta voluntad de regular las relaciones laborales, sino que se contradice con otras regulaciones vigentes poniendo en riesgo la protección de la propiedad industrial del conjunto de empresas y startups españolas.
Al hilo de esto, tecnologías ampliamente utilizadas en el sector online como la elaboración de perfiles o la existencia de decisiones automatizadas ya se encuentran reguladas a nivel europeo en el Reglamento Europeo de Protección de Datos que entró en vigor hace dos años, que entiende más que suficiente que se aporte información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. Regulaciones adicionales no armonizadas a nivel nacional, entorpecerían en gran medida el camino hacia un mercado único digital, dificultando el cumplimiento normativo y reduciendo la competitividad y la seguridad jurídica de las empresas europeas.
Desde la AES se considera que las políticas públicas y las regulaciones que aborden cuestiones tan relevantes para la economía y la sociedad deben realizarse en base a un diálogo sostenido con los agentes interesados. Y, también, deben tomar en consideración las iniciativas en la materia de las instituciones europeas. En este sentido, reclaman a los agentes implicados que reconsideren este extremo por el grave perjuicio que puede llegar a suponer para la economía digital en su conjunto, especialmente para el ecosistema de startups español.