La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha enviado una carta al consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, en la que le advierte de que limite los programas incluidos en el nuevo sistema operativo Vista, que se lanzará a principios de 2007, si no quiere enfrentarse a un nuevo expediente del Ejecutivo comunitario por abuso de posición dominante.
En la misiva, Kroes expresa su “preocupación” por la posibilidad de que Vista “incluya varios elementos que están actualmente disponibles por separado, en Microsoft o en otras empresas”, según explicó su portavoz, Jonathan Todd. A modo de ejemplo citó la búsqueda por Internet, la gestión de los derechos digitales y el software para crear formatos de documento comparables al PDF.
El portavoz añadió que el otro “problema” que se plantea en la carta es que Microsoft no suministra “todas las informaciones técnicas necesarias para que los rivales puedan fabricar productos compatibles con Vista”.
A juicio de la responsable de Competencia, la actitud de Microsoft “podría impedir a fabricantes y consumidores la posibilidad real de elegir entre diferentes productos de software y hacer que la innovación sufra”.
El portavoz precisó que el envío de la misiva no supone la apertura de una investigación formal sino que responde a una petición del gigante informático para que la Comisión precise sus preocupaciones sobre Vista. No obstante, destacó que Microsoft es el principal interesado en poder lanzar un nuevo producto sin la amenaza de que Bruselas vuelva a emprender acciones sobre la base de las reglas comunitarias de competencia.
Precisamente, este jueves y viernes se llevará a cabo la audiencia a puerta cerrada solicitada por Microsoft para defenderse de las acusaciones del Ejecutivo comunitario de que no está respetando el dictamen de marzo de 2004, que le obligaba a desvelar a sus rivales información técnica de Windows para que pudieran fabricar productos compatibles. Se trata de la última oportunidad que tiene la empresa de Bill Gates de escapar a las multas diarias de 2 millones de euros que Bruselas podría imponer de manera inmediata.
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