La CE rechaza la petición de reformular la directiva sobre patentes de software

El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha rechazado de nuevo la petición del Parlamento Europeo de que se reinicie el proceso de tramitación de la propuesta de directiva relativa a las patentes de software. La directiva suscita las críticas de colectivos de usuarios informáticos e Internet, para quienes la norma permitiría a grandes fabricantes de programas informáticos restringir el uso público del software.

Antes de dar la palabra al comisario, el presidente de la Cámara explicó que la Comisión tiene el derecho de no aceptar que se reinicie el proceso de tramitación, como pide el Parlamento, pero está obligada a informar de las razones de su decisión, “lo que la Comisión ha olvidado hacer” hasta ahora. El comisario respondió que la Comisión prefiere esperar a un acuerdo político dentro del Consejo de la UE, el próximo 7 de marzo, “con el fin de evitar cambios que podrían producir un cierto caos”, según fuentes parlamentarias. En el caso de que no se llegue a ese acuerdo político, el problema será del Consejo, “no de ustedes ni de nosotros”, declaró el comisario.

McCreevy añadió que el Parlamento tiene la oportunidad de rechazar o enmendar dicha propuesta de directiva en una segunda lectura. Borrell destacó después que el Parlamento extraerá las consecuencias de esta negativa, ya que existe un acuerdo interinstitucional que regula las relaciones entre la Eurocámara y la Comisión y, dijo, “veremos cómo actuaremos en el futuro”.

La propuesta de directiva busca armonizar la forma en la que los Estados miembros patentan las invenciones ejecutadas por equipos informáticos, como ciertas innovaciones para maquinaria industrial o automóviles. La CE sostiene que el texto es suficientemente claro para evitar “toda deriva hacia la patentabilidad de los métodos de gestión o de programas informáticos que no aportan ninguna contribución técnica”.

Sin embargo, colectivos partidarios del uso del software libre denuncian que podría servir de base jurídica para que grandes empresas como Microsoft, Nokia, Ericsson o Alcatel, blinden mediante patentes el uso de algoritmos o fórmulas informáticas que hasta ahora sólo están sujetos al pago de derechos de copia.