La Eurocámara insta a abaratar las llamadas desde el extranjero

El Parlamento Europeo (PE) ha urgido a las compañías de telefonía móvil a abaratar el coste de las llamadas que los usuarios realizan en países de la UE distintos al de origen, así como a aplicar “prácticas transparentes” en materia de precios.

El pleno aprobó por amplia mayoría un informe sobre la situación de las comunicaciones electrónicas en 2004, en el que pide “a los proveedores de servicios de teléfono móvil que reduzcan las tarifas” del llamado servicio de itinerancia (”roaming”), al objeto de establecer “pronto un verdadero mercado interior” de la telefonía móvil en la Unión Europea.

También reclama a la Comisión Europea que proponga “un plan de acción y un calendario para que el consumidor pueda beneficiarse en todo el territorio europeo de servicios itinerantes a escala internacional, al mejor coste y en el plazo más corto posible”.

En el informe, redactado por la liberal italiana Patrizia Toia, el PE considera además “indispensable que los operadores apliquen prácticas transparentes en materia de precios” y que informe “de manera clara y exhaustiva” a los consumidores sobre los servicios ofertados y sus tarifas correspondientes.

También insta a la Comisión y a las autoridades reguladoras nacionales que redoblen esfuerzos para reducir las tarifas de finalización de la llamada, así como “para facilitar la portabilidad del número, tanto para los teléfonos fijos como para los móviles”.

En opinión de la Eurocámara, sólo si el usuario puede mantener su número de teléfono cuando cambia de compañía puede asegurarse una “competencia sana” entre los operadores de telefonía móvil, por lo que el coste de esta operación deber ser “de bajo nivel” o incluso gratis, y el plazo para efectuarla el más breve posible.

Por otro lado, el informe apunta que debe velarse por que la ubicación de las instalaciones destinadas a dar cobertura a la red de telefonía móvil no afecte a la salud ni al medioambiente y se enmarque en unos procedimientos urbanísticos transparentes.

Asimismo, hace referencia a las dificultades que encuentra el desarrollo de la telefonía móvil de tercera generación, “obstaculizado por normas nacionales y locales en materia de autorización para la instalación de infraestructuras y por criterios rigurosos de concesión de licencias”