La Agencia Catalana del Consumo (ACC), organismo dependiente de la Generalitat, ha abierto expedientes sancionadores a todas las empresas de telefonía móvil, fija e Internet en las que se han detectado infracciones tras la gran cantidad de denuncias de los usuarios efectuadas en el año 2004.
Según ha informado el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo en un comunicado, esta actuación de la ACC se ha producido de oficio para “dar respuesta” a las más de 8.700 reclamaciones recibidas durante 2004 por irregularidades en la contratación de servicios y productos de telefonía.
El 24 por ciento de las reclamaciones a estas compañías corresponden a denuncias por servicios de Internet y conexiones a líneas de ADSL, según precisa la Agencia Catalana de Consumo, que recuerda que las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros por expediente.
Los principales motivos de reclamación se centran en el cobro de facturas por servicios no prestados al usuario, diferencias entre el servicio de publicidad y el servicio recibido, la dificultad para darse de baja de los servicios, así como los retrasos en las altas del servicio, entre otros.
En este sentido, el director general de la Agencia Catalana del Consumo, Enric Aloy, ha anunciado que el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo “ha decidido actuar de manera proactiva y contundente ante la actual sensación de inseguridad y desprotección de los consumidores sobre las prácticas de algunas empresas”.
Así, Aloy ha anunciado que para determinar la cuantía de las sanciones “se tendrá especialmente en cuenta la calidad del servicio al cliente, la reiteración de las malas prácticas, así como el número de afectados por la misma compañía”.
Con todo, fuentes del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo no han querido precisar el nombre de las compañías a las que se ha abierto expediente por las irregularidades denunciadas por los usuarios.
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