La privacidad en la picota
Los atentados terroristas en Londres allanan el camino para forzar a las operadoras a retener datos de usuarios, para su uso policial.
Tras cualquier atentado, la clase política no duda en apretar los resortes necesarios para obtener un beneficio, siempre en nombre de las víctimas. El 11 de septiembre supuso el primer paso con un recorte importante en las libertades civiles de todo el mundo. Los atentados de Londres parece que van a forzar una polémica ley, que se valdrá del miedo del votante ahora, para no levantar las quejas que hubiera generado hace quince días. Esta ley obligará a los operadores a mantener registros de llamadas durante cierto tiempo.
Parece un tanto excesivo, porque todos somos más o menos conscientes de la magnitud de dicho proyecto. Supondrá un sobregasto que probablemente repercutirá en el usuario mientras que los terroristas, al tanto de dicha ley, ya buscarán su modo de enmascarar las comunicaciones o hallarán medios de comunicación alternativos.
Por otro lado, la clase política siempre se exime de responsabilidad, a pesar de que las principales decisiones son tomadas por ellos. Quizá sería más conveniente estrechar los controles sobre los políticos para que decisiones controvertidas que pueden poner a un país en el punto de mira de terroristas no se tomen tan a la ligera. Parece que sería más económico hacer esto, aunque claro, nadie tira piedras sobre su propio tejado y desde luego, ningún político está dispuesto a asumir su incompetencia.