La SOPA, entre el control de la piratería y el fin de Internet

El futuro de Internet tal y como lo conocemos se ha estado analizando durante los últimos meses en la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EEUU), como consecuencia del anteproyecto de la polémica ley Stop Online Piracy Act, más conocida por sus siglas en inglés, SOPA. A debate desde el pasado 26 de octubre en el Parlamento estadounidense, la norma fue archivada temporalmente hace 2 días por falta de consenso, de forma que no se someterá a votación el próximo 24 de enero, tal y como estaba previsto, sino cuando se alcancen unos criterios unificados con el Senado.

El impulsor de esta medida es el republicano Lamar Smith, quien pretende erigirse en el sheriff que consiguió poner fin a la piratería en Internet. Y al congresista texano no se le ha ocurrido mejor forma de hacerlo que invocando al espíritu patriótico de los políticos estadounidenses, en cuyas manos estaría la posibilidad de acabar con las páginas web que “roban y venden innovaciones y productos americanos”,  en su opinión, el verdadero objetivo de la SOPA. Para ello, la también conocida como ley HR3261 se articula a través de un complejo mecanismo de asfixia legal y financiera contra los piratas informáticos comparable, salvando las distancias, al que se utiliza contra los sospechosos de terrorismo.

Porque la iniciativa, que ha puesto en pie de guerra a importantes gigantes tecnológicos, va más allá de la simple persecución de los sitios que publican contenidos protegidos por derechos de autor o de propiedad intelectual y de sus consumidores. Aunque prevé sanciones administrativas, demandas y penas de hasta 5 años de prisión para las empresas que faciliten la distribución de contenidos ilegales, también obliga a colaborar con la causa a todas las plataformas relacionadas con Internet, desde los servicios de correo electrónico hasta las redes sociales, pasando por proveedores de hosting, buscadores, empresas de publicidad e incluso sistemas de cobro. Algo completamente inédito hasta ahora.

En este sentido, la SOPA establece un modus operandi que arranca con una denuncia por violación de derechos de autor contra un determinado sitio web ante el Departamento de Justicia de EEUU, organismo encargado de tramitar la denuncia. En caso de apreciarse indicios sospechosos, se informará al responsable de dicha web de que podría iniciarse un proceso judicial en su contra, otorgándose total libertad a las diferentes plataformas virtuales (proveedores, buscadores, etc.) para bloquear dicho dominio, siendo responsables de cualquier daño producido al titular de los derechos en caso de no hacerlo.

Además, el Departamento de Justicia de EEUU podrá ordenar la baja de una determinada web a una empresa de registro de dominios, así como su bloqueo a la compañía proveedora de su conexión a Internet. De igual modo, podrá obligar a los motores de búsqueda a dejar de enlazar el sitio denunciado, forzar a proveedores de pago como Paypal a que suspendan sus actividades con dicha web e impedir a las firmas de publicidad online hacer negocios con ella, pudiendo ser castigadas en caso de desobediencia. Y todo ello a través de un fulminante procedimiento cautelar de apenas 5 días de duración y sin necesidad de juicio alguno.

Por tanto, la aplicación de esta polémica ley pondría en el ojo del huracán a las plataformas virtuales abiertas a la participación de los internautas, como foros, redes sociales, servicios de correo electrónico o incluso sitios de periodismo ciudadano, que se verían obligados a tomar importantes medidas de control para evitar la publicación de contenidos ilegales por parte de sus participantes. Además, los principios de la SOPA rápidamente se extenderían a la mayoría de lugares de todo el mundo, ya que el marco legal estadounidense es el espejo en el que se fijan el resto de países a la hora de regular el acceso a Internet.