Los directores y comisarios de Protección de Datos de la Unión Europea han aprobado un dictamen que determina que los proveedores de servicios de telefonía e Internet deberían retener los datos de los usuarios un máximo de 12 y 6 meses, respectivamente. Este dictamen es parte del proceso de una posible futura directiva que obligará a los operadores a retener datos sobre el tráfico, como parte de un plan de acción contra el terrorismo.
Los citados forman parte del grupo consultivo que tiene que pronunciarse sobre todas las propuestas normativas europeas que afecten al derecho a la protección de datos personales y cuya presidencia está ocupada en la actualidad por la Agencia española, según informa esta última en una nota.
El grupo acaba de dictaminar la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que pretende que se retengan los datos telefónicos y de Internet “con fines de investigación policial, en particular por delitos de terrorismo y crimen organizado”.
Esta medida, asegura la Agencia Española de Protección de Datos en su comunicado, “está siendo reclamada urgentemente” por los responsables gubernamentales de la UE y se espera que antes de finalizar el año exista un instrumento normativo comunitario que permita armonizar las legislaciones de los distintos países en esta materia.
El grupo que ha elaborado el dictamen entiende que aunque la retención de datos se refiere a los de tráfico de las comunicaciones y no a su contenido, “se deben definir con precisión las categorías” de los mismos.
En su opinión, cualquier restricción que afecte el derecho fundamental de protección de datos y, en particular, a la confidencialidad de las comunicaciones personales, “es una medida de carácter excepcional y no de aplicación general” por lo que proponen que la directiva tenga una vigencia máxima de tres años y que posteriormente se evalúe su utilidad.
En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos considera que “hay garantizar el derecho fundamental a la protección de datos buscando un equilibrio entre éste y el derecho a la protección y seguridad frente al terrorismo”.
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