La UE intenta acelerar la ley sobre retención de datos

La Comisión Europea planea acelerar los planes de las nuevas leyes que pedirán a operadoras de Internet y de telefonía que almacenen los datos para que las agencias de seguridad luchen contra el terrorismo después de los atentados de Londres del pasado jueves. Sin embargo, el nuevo plan podría reducir el tiempo que los datos tienen que estar almacenados, pasando de un año, como se había propuesto anteriormente, a un máximo de nueve meses.

Jonathan Faull, director general del Departamento de Seguridad de la Comisión Europea, anunció el pasado viernes que presentaría una propuesta para la retención de datos “tan pronto como sea posible”. Esta propuesta pedirá a los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios a Internet que recojan y almacene datos durante un periodo de forma que las agencias de seguridad puedan comprobar las grabaciones en investigaciones contra actividades terroristas.

La comisión, que es la responsable de trazar la legislación de la Unión Europea, había planeado presentar esta nueva propuesta antes de finales de julio, pero las autoridades de seguridad todavía no le han informado sobre el tiempo de retención de datos. Inicialmente la Comisión tenía previsto recomendar un periodo de almacenamiento de un máximo de nueve meses para los datos telefónicos y de un máximo de tres meses para los datos procedentes de Internet.

Los trabajos en las reglas sobre la retención de datos se iniciaron el pasado año cuando cuatro países miembros (Reino Unidos, Irlanda, Austria y Suecia) presentaron una propuesta tras los atentados del 11M en Madrid, que acabaron con la vida de casi 200 personas. Esta propuesta fue vista como una medida clave en la lucha contra el terrorismo, ya que las bombas de Madrid estallaron a través de una llamada desde un móvil. Esta primera propuesta solicitaba a los proveedores de servicios móviles, líneas de telefonía fija, de servicios a Internet y operadores de SMS mantener los datos durante al menos un año y hasta un máximo de tres año. El control de los datos se aplicaría al tiempo de duración y destino de la llamada, pero no al contenido de la misma.