La UE no llega a un acuerdo sobre los registros de datos

Una lucha de poder entre tres grandes instituciones de la Unión Europea está amenazando con descarrilar la ambición británica de lograr un rápido acuerdo sobre sus planes antiterroristas para registrar llamadas telefónicas, correos electrónicos y utilización de Internet.

Tras los atentados del 7 de julio en Londres, la UE acordó endurecer la legislación para poder exigirles a los proveedores de telecomunicaciones que guarden registros al menos un año, algo considerado vital para la policía, en pos de prevenir e investigar ataques terroristas.

Gran Bretaña considera esta medida una de las principales prioridades de su presidencia de seis meses de la UE. Sin embargo, las perspectivas para un acuerdo han sido entorpecidas por una polémica entre ministros de la UE, el Parlamento Europeo, y la Comisión Europea, que discuten si los Estados miembros pueden o no reglamentar unilateralmente estos planes sin dejar opinar a los legisladores europeos.

Los ministros de Justicia e Interior de los países de la UE tendrán que decidir en Luxemburgo si avanzan con una propuesta de cuatro gobiernos de la Unión Europea o con una legislación rival impulsada por la Comisión, que requiere la aprobación de los parlamentarios del bloque.

Los dirigentes han dicho que Irlanda, España, Francia, Dinamarca, Alemania y Suecia quieren que las reglas sean adoptadas por cada país, lo que minimizaría la necesidad de armonizar las diferentes leyes nacionales. Mientras, Países Bajos, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo están entre los que apoyan los planes de la Comisión, dando a los parlamentarios de la UE la posibilidad de opinar para buscar el grado máximo de armonización.

Los que se oponen al Parlamento de la UE argumentan que los tratados de gobernabilidad del bloque que estipulan todas las decisiones en materias de justicia y cooperación policial son adoptadas de manera unánime por los Estados miembros sin el consenso de los eurodiputados. Sin embargo, el Parlamento sostiene que el registro de datos involucra la regulación del sector de las telecomunicaciones, que la propia cámara supervisa, y amenaza con llevar a los gobiernos ante el máximo tribunal de la UE si se le deja fuera.

Los parlamentarios de la UE dicen que si se involucran reforzarán la protección de las libertades civiles, pero los diplomáticos señalan que los Estados miembros están preocupados de que el Parlamento quede expuesto a un lobby por parte de las compañías de telecomunicaciones europeas que busquen rebajar la fuerza de las reglas.