Bajar música, películas u otros contenidos con derechos de autor puede tener sus días contados en los países europeos. Después de atravesar varias barreras institucionales el denominado “paquete telecom” ha recibido el OK definitivo por parte del Parlamento Europeo.
El conjunto de medidas validado permitirá, finalmente, que las operadoras puedan cortar el acceso a Internet a aquellos usuarios que realicen descargas ilegales y lo podrán hacer sin necesidad de pasar por una autoridad judicial. No obstante, los afectados tendrán la posibilidad de defender su caso en un proceso “previo e imparcial”. Además, según reza el escrito, las sanciones sólo se impondrán si el corte es “apropiado, proporcionado y necesario”.
Son muchas las críticas que este compendio legislativo ha despertado entre las asociaciones de internautas europeas, que se quejan de que las desconexiones atentan contra los derechos de los usuarios.
“Una debilidad importante de la nueva ley es que no garantiza la neutralidad de la red, al permitir la gestión del tráfico por parte de los dueños de las infraestructuras mediante filtros de contenidos y el establecimiento de preferencias. Esto puede resultar en la vulneración de la privacidad y en la discriminación en el servicio de Internet”, señala la Asociación de Internautas en un comunicado. “Tampoco se acota la intervención en los flujos de información según los intereses comerciales de las grandes empresas de telecom con posiciones dominantes en el mercado”.
El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, opina de forma totalmente contraria: “Este paquete legislativo es el primer ejemplo de cómo el trabajo que hacemos los legisladores europeos tiene un impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Estoy encantado de que hayamos contribuido a fortalecer los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónica e internet”.
Teóricamente todos los países miembros deberán adaptar su legislación al paquete antes del 24 de mayo de 2011. En España las leyes internas impiden que estas restricciones se lleven a cabo. A principios de mes, Artemi Rallo, director de la Agencia de Protección de Datos, aseguraba que “la UE no puede imponer a España que los cortes sin orden judicial sean legales”.
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