El sentido de protección ante posibles ataques terroristas por Internet ha llevado al Gobierno australiano a reflexionar sobre la aplicación de medidas tan debatibles como que entre dentro de la legalidad que un jefe pueda espiar el correo electrónico de los empleados.
La propuesta, que trata de impedir cualquier civerataque terrorista contra la infraestructura nacional, como la Bolsa de valores, el sistema eléctrico o el sistema de transportes, está siendo fuertemente cuestionada debido a que no pocos sectores la consideran abusiva e innecesaria: ‘Nuestra preocupación es que, si se dan esos poderes, es más probable que sean usados para espiar y realizar cazas de brujas en lugar de para proteger a Australia de algún tipo de ciberataque’, afirmó Dale Clapperton, presidenta del organismo de vigilancia de los derechos en internet Electronic Frontiers Australia.
Sin embargo, el fiscal general, Robert McClelland, considera necesario extender a las compañías privadas la medida para proteger las infraestructuras del riesgo de un ciberataque y ha asegurado que consultará con expertos en privacidad y sindicatos antes de introducir la ley, que el Gobierno espera poner en marcha a mediados de 2009.
El encargado del Consejo Australiano de las Libertades Civiles, Terry O’Gorman, ha dejado notar su desconformidad alegando que se está borrando la línea límite entre propiciar ayuda a los servicios de Inteligencia y la propia pérdida de libertades civiles.
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