Los responsables de Telecomunicaciones de los Veinticinco debatirán hoy por primera vez a nivel ministerial la propuesta de la Comisión de establecer un tope a las tarifas por el uso del móvil en el extranjero, el denominado “roaming” o itinerancia internacional, cuyo objetivo es recortar en un 70 por ciento el precio de este servicio. Los operadores españoles podrían ser los más perjudicados por esta norma porque son los que más se benefician del “roaming” por el gran número de turistas extranjeros.
En las negociaciones previas a nivel técnico, la gran mayoría de Estados miembros, encabezados por Reino Unido y los países nórdicos, han defendido regular únicamente las tarifas mayoristas, las que se cobran unas compañías a otras por el uso de las redes, según explicaron fuentes diplomáticas. La norma contendría además una cláusula según la cual si los recortes a las tarifas mayoristas no repercuten sobre los clientes finales tras un determinado plazo se regularían también las tarifas minoristas.
Sin embargo, España cree que en el mercado mayorista ya hay suficiente competencia ya que los operadores extranjeros que quieran contar con una red española pueden optar entre Telefónica, Vodafone y Amena y por tanto no considera necesario regularla, una posición que es minoritaria entre los Veinticinco. Por ello, la delegación española reclama que al menos se regulen los dos tipos de tarifas, las mayoristas y también las de minoristas. Sólo la Comisión y la República Checa respaldan esta postura, aunque británicos, alemanes, franceses e italianos han dado a entender que estarían dispuestos a poner un tope absoluto también para los precios minoristas.
La delegación española es consciente de que pagará la mayor parte del coste de esta norma (acompañada en menor medida de Portugal, Italia o Francia) porque es el único Estado miembro donde los operadores han realizado inversiones muy altas para contar con cobertura suficiente en los centros turísticos para un corto periodo de tiempo, que de recortarse el coste del “roaming” no podrían recuperar y podrían acabar repercutiéndolo en el precio del resto de las llamadas. Por ello, durante las negociaciones reclamará compensaciones al resto de socios comunitarios.
La propuesta de la Comisión fija un tope para las tarifas mayoristas y minoristas. El precio que se cobran las compañías por usar sus redes no podrá superar, para las llamadas locales que se hagan en el extranjero -por ejemplo, un turista belga que viaja a España y llama a un taxi en Madrid-, el doble de la tarifa media de terminación móvil en la UE. Para las llamadas internacionales -el mismo turista belga llama desde Madrid a su familia en Bruselas- la tarifa máxima de “roaming” será el triple de esta media.
También habrá un límite para las tarifas que se cobran a los clientes, con el objetivo de garantizar que las bajadas de precios repercutan sobre los consumidores. Este precio final sólo podrá ser un 30 por ciento más alto, como máximo, que el coste mayorista. No obstante, este tope entrará en vigor “automáticamente” 6 meses después que el resto del reglamento, es decir, en enero de 2008 en lugar de en verano de 2007, si se cumplen las previsiones de la Comisión.
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