La Comisión Europea lamenta que los Veinticinco Estados miembros sean incapaces de decidir sobre la controvertida directiva de patentes de software, después de conocerse que la presidencia luxemburguesa ha decidido no incluir su aprobación formal en el orden del día del Ecofin del 17 de febrero.
“La Comisión lamenta profundamente que la directiva de patentes de software no está en la agenda del Consejo del 17 de febrero teniendo en cuenta que las últimas objeciones a la adopción del texto parecen haberse retirado”, declara en este sentido el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, en referencia al cambio de postura de Polonia, que ha levantado su oposición a la norma.
La presidencia luxemburguesa confirmó su decisión de no incluir la patente del software en el Ecofin del 17 de febrero aunque no quiso explicar los motivos al tratarse de un tema “muy espinoso” y se limitó a señalar que continua realizando “consultas” con algunos Estados miembros cuya identidad tampoco reveló.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, está dispuesto a encontrar “soluciones” pero sólo puede hacerlo “una vez que las otras instituciones, y especialmente el Consejo, hayan avanzado y hayan hecho su trabajo”, insiste su portavoz.
El Ejecutivo comunitario descarta no obstante retirar el texto actual, a pesar de que así lo ha pedido la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Con todo, Drewes apuntó que la Comisión todavía no ha recibido oficialmente esta solicitud de manos del presidente del Parlamento, Josep Borrell. La petición no es en todo caso vinculante.
Los Veinticinco alcanzaron un acuerdo político sobre patentes de software, con el voto en contra de España, en mayo de 2004, pero el compromiso no ha sido ratificado. A pesar de figurar hasta 3 veces en la agenda del Consejo de Ministros, siempre ha tenido que ser retirada en el último momento porque Polonia planteaba reticencias adicionales. Recientemente, el Gobierno polaco anunció que levantaba todas sus reservas al texto.
Mientras, las asociaciones de usuarios de software libre aseguran que la posibilidad de patentar software haría ilegal más de la mitad de programas informáticos utilizados actualmente en la UE, y sólo beneficiaría a las grandes empresas de programación informática, en detrimento de las pequeñas empresas y de los consumidores.
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