Parece que el liberalismo tiene sus límites. Y que las protestas de los taxistas madrileños contra Uber han dado su fruto. La Comunidad de Madrid inspeccionará, junto a la Guardia Civil y la Policía Local, a los conductores que ofrecen este servicio. De no aportar la documentación requerida, serán sancionados con multas desde 4.000 a 6.000 euros. Si existe reiteración, la multa puede subir hasta 18.000 euros y conllevar la inmovilización del vehículo.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha requerido a Uber que aporte la documentación que exige la legislación de transporte vigente. El plazo, de 10 días, finaliza hoy viernes, según informa El Confidencial.
Las sanciones, anunciadas el miércoles, entrarán en vigor el próximo lunes día 6. El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Carabante, comunicó a los representantes de las principales asociaciones de taxistas de Madrid las medidas para frenar la implantación de Uber, cuyo servicio UberPOP arrancó en Madrid la semana pasada.
“Hemos mantenido una reunión en la que hemos manifestado el compromiso de la Comunidad para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la competencia desleal, y vamos a trabajar conjuntamente con el taxi para inspeccionar y sancionar a los vehículos piratas, ya operen en el aeropuerto, por el teléfono o con aplicaciones como Uber“, manifestó Carabante.
“No sólo vamos a dar cumplimiento a la legalidad, sancionando a la empresa, sino también a los particulares que pongan su vehículo al servicio de una actividad empresarial no legal. Tenemos una ordenanza de transporte nacional que regula cuál debe ser la actividad y los permisos que debe tener. Para prestar un servicio de transporte, el conductor debe tener un título habilitante para ello y, si no lo tiene, es una actividad totalmente ilegal”, advirtió rotundo el viceconsejero madrileño.
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