Microsoft insta al Parlamento a regular las patentes
Rosa García, consejera delegada de Microsoft Ibérica, asegura que si no se regularizan las patentes de software, la producción acabará en los países asiáticos.
La consejera delegada de Microsoft Ibérica, Rosa García, ha reclamado a las autoridades españolas que reconsideren su postura en contra de la propuesta de directiva sobre las patentes de software. García ha explicado que Microsoft es una compañía que “paga más por patentes de lo que cobra”, aunque justifica la necesidad de la directiva en los términos actuales, especialmente para “defender a los pequeños empresarios”.
A su juicio, si no se regulan las patentes de software la producción se irá a “países más baratos”, por lo que defiende la importancia de “proteger las inversiones” en el mercado europeo para que no se desplacen a los “mercados asiáticos”. En este sentido, considera “importante” la legislación de las patentes de software a nivel mundial, para que la propiedad intelectual de implementaciones por ordenador “se proteja igual” que la de otros mercados.
La máxima responsable de Microsoft en España también ha subrayado que el software propietario es mejor que el libre al ser “más interoperable, aportar mayor productividad y accesibilidad, así como garantizar el futuro”. Por contra, ha declarado que el software de código abierto no ofrece garantías para las empresas con vistas al futuro.
“La gente nos dice que el software comercial es más sencillo, tiene más soporte y seguridad actualizada”, añade Rosa García, quien ha pedido a la Administración y a las empresas neutralidad tecnológica para que analicen todas las ventajas e inconvenientes antes de decantarse por una opción concreta de software.
Con todo, la consejera delegada de Microsoft ha pedido un esfuerzo común de toda la sociedad para impulsar la Sociedad de la Información en España con vistas a la próxima redacción del Plan de Convergencia con la Unión Europea, y también ha reclamado que sea una prioridad política de primer nivel, con los fondos necesarios. “Tiene que ser de consenso”, manifiesta, ya que en caso contrario, “España no alcanzará el nivel actual comunitario hasta dentro de 12 años”.